A más de una década de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la provincia del Chubut se ubica entre las que más avanzaron en su aplicación. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, especialmente en el abordaje de adicciones y patologías complejas.
A más de diez años de la sanción e implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que propone un modelo de atención integral y comunitaria, la provincia del Chubut ha logrado consolidar buena parte de los lineamientos previstos por la norma. Sin embargo, los profesionales del área coinciden en que todavía quedan deudas pendientes y áreas críticas que necesitan revisión, principalmente en lo que respecta al abordaje de adicciones y patologías psiquiátricas severas.
La médica psiquiatra Marta Rodríguez, profesional con amplia trayectoria en Comodoro Rivadavia, destacó que la provincia “ha podido implementar la ley de manera completa durante estos últimos más de diez años”, y remarcó que ese proceso “permitió mejorar la calidad de atención que se brinda a los pacientes”.
“Se ha logrado incorporar dispositivos de atención comunitaria y ambulatoria, lo que permitió ampliar las posibilidades terapéuticas. Si uno mira quince años atrás, la atención era mucho más cerrada. Hoy la mirada es más humana, más integral, y se da dentro del entorno de cada paciente”, señaló Rodríguez.
Un cambio de paradigma que rompió el tabú
La psiquiatra subrayó que la ley generó un cambio de paradigma profundo, no sólo en las instituciones sino también en la sociedad: “Antes la salud mental era un tema tabú. Era común escuchar: ‘le están dando medicación, pero no digas nada’. Hoy eso cambió. Los dispositivos llegaron a los barrios, se visibilizaron las problemáticas y se normalizó la búsqueda de ayuda”.
Según Rodríguez, esa apertura fue clave para romper con el estigma, habilitar el diálogo y permitir que más personas reconozcan que necesitan acompañamiento psicológico o psiquiátrico. “Los pacientes ahora conocen sus derechos y los hacen valer. Y eso es algo muy positivo: los usuarios del sistema demandan una atención de calidad, demandan ser escuchados y tratados con respeto”, indicó.
Sin embargo, la profesional aclaró que la aplicación de la ley no fue homogénea: “Del 100% de los pacientes, el 90% se ve beneficiado con este modelo comunitario, pero hay un porcentaje que queda en los márgenes. Son los pacientes con patologías severas o adicciones complejas, que necesitan internaciones prolongadas o instituciones especializadas. En esos casos todavía hay vacíos que debemos revisar”.
Rodríguez reconoció que las adicciones representan uno de los mayores desafíos actuales. “Son problemáticas multifactoriales, no se reducen a una cuestión médica. Requieren acompañamiento social, terapias prolongadas, abordajes interdisciplinarios y muchas veces contención institucional. En ese sentido, aún falta fortalecer los dispositivos existentes y crear otros nuevos”, explicó.
La profesional también señaló que las instituciones especializadas para internaciones largas “siguen siendo escasas” en la región. “El hospital público sostiene la mayor carga de atención, pero no alcanza. Hay pacientes que necesitan tratamientos más intensivos, y no siempre se dispone de los espacios ni los recursos necesarios para acompañarlos adecuadamente”, expresó.