Con sesiones previstas para el miércoles 11 y el jueves 12, el oficialismo confirmó su agenda para las extraordinarias, que incluye avanzar en Diputados con la baja de la edad de imputabilidad y el tratamiento de la reforma laboral, condicionado por los tiempos y el reglamento del período extraordinario.
Aunque el oficialismo se muestra confiado y asegura que avanza en la construcción de consensos, la reforma laboral enfrenta un obstáculo que no tiene que ver exclusivamente con los votos. En el Gobierno sostienen que el respaldo está encaminado —“si no, no pediríamos sesionar”, repiten—. Desde diciembre, el oficialismo despliega un intenso trabajo político: el ministro del Interior se reúne con gobernadores y Patricia Bullrich con senadores dialoguistas, en busca de acuerdos antes de la sesión.
El contenido final del proyecto sigue rodeado de hermetismo. Desde el oficialismo advierten que los cambios se conocerán recién al llegar al recinto, un secretismo que generó críticas en la oposición: “Cuando se compran y se venden artículos, el secretismo es condición”, tuiteó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica).
En paralelo, otras fuentes parlamentarias reconocen que el Gobierno continúa trabajando en ajustes, en particular en el capítulo fiscal de la iniciativa, que incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para empresas. Se trata de uno de los puntos más sensibles de la reforma y uno de los que mayor resistencia genera entre los bloques dialoguistas.
Mientras el oficialismo sostiene que el respaldo necesario está encaminado, en el Congreso admiten que la definición final dependerá del desarrollo de las negociaciones en los días previos a la sesión.
Ahora, el principal riesgo es técnico. Febrero es un mes corto y, además, tiene los feriados de carnaval, que este año caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones. Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado.
Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias. El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.
La solución existe, pero el episodio deja expuesto un nuevo tropiezo en la planificación legislativa del Gobierno. La semana que viene se perfila como decisiva: la agenda ya está definida, los votos siguen en discusión y el calendario juega en contra.