El juez Daniel Rafecas ya tiene a su cargo el expediente iniciado tras la denuncia contra Daniel Tillard y Juan Ernesto Curuchet. Otro, presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade contra más funcionarios, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, ya tiene a su cargo la causa derivada de la primera denuncia penal por los créditos del Banco Nación a funcionarios públicos.
En la presentación del abogado Alejandro Díaz Pascual figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA). Los presuntos delitos son «defraudación por administración fraudulenta», «defraudación contra la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».
Hay otra denuncia, presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti, impulsada junto al legislador socialista Esteban Paulón, apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas), Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.
La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
Mónica Frade: «La Ley de Ética Pública pronto va a ser papel pintado»
La diputada de la Coalición Cívica, una de las denunciantes, explicó en diálogo que el objetivo de la presentación es «que se investigue si el otorgamiento de los créditos a los funcionarios y legisladores ha sido conforme las normas y conforme nuestro Código Penal».
«Porque más allá de la resolución que pudieron haber firmado los presidentes sucesivos del Banco Nación, hay un Código Penal que va a tener que poner la lupa sobre la operatoria que hicieron, cómo lo hicieron y en qué condiciones lo hicieron, y por otro lado a quiénes se lo dieron», amplió.
Frade subrayó que «la Ley de Ética Pública pronto va a ser papel pintado, lo estamos viendo todos los días». «Acá probablemente tengamos que dejar el tema ético porque la narrativa de este gobierno no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y con la ética en la función pública. Lo que estoy planteando acá es la posibilidad que pueda haber tráfico de influencias, de que pueda haber incompatibilidades, sobre todo en funcionario del Ministerio de Economía, porque entre el beneficiario y el controlante del banco habría una incompatibilidad, esto se tendrá que determinar», planteó.
«Hoy me entero de que le dieron a un funcionario judicial de Santa Fe que tiene 70 años. Todos sabemos que a una persona de 70 años no le dan créditos hipotecarios. Entonces, acá empiezan a aparecer cosas y, por supuesto, en la indignación generalizada me está llegando más información que indica que las cosas no están bien hechas», ejemplificó.
Quiénes son los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación
Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación.
La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.
El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000.
Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de su gabinete. «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», sentenció en una entrevista televisiva para desestimar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos para sus colaboradores.
El funcionario sostuvo que la solicitud de este beneficio «es algo absolutamente lógico y normal», ya que los empleados públicos perciben su sueldo a través de la entidad financiera estatal. «Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer», agregó sobre la decisión de su equipo.
Lejos de mostrar arrepentimiento, reveló que él mismo motivó a su entorno a solicitar el dinero. «Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, hasta el que se te ocurra, ‘vayan a tomar créditos hipotecarios’ porque me parece una oportunidad única. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social», argumentó.
Asimismo, pronosticó un futuro encarecimiento de las viviendas para justificar la urgencia de las transacciones. «El consejo es ‘apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock porque las propiedades no han subido tanto'», remarcó a modo de recomendación general.
En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó de la jefatura de Gabinete de su cartera a Leandro Massaccesi, luego de que apareciera vinculado en la extensa lista de funcionarios nacionales y legisladores que sacaron un préstamo hipotecario en el Banco Nación, en este caso por un monto de casi $420 millones.
Fue la propia ministra quien le pidió el viernes la renuncia a Massaccesi, según informó el diario Clarín. En ese momento argumentó que su accionar va en contra de la política de austeridad impulsada por el Gobierno y el perfil bajo que lleva la cartera que maneja. En octubre de 2024 Petovello ya había apartado a Constanza Cassino de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera.