Con casi 20 iniciativas en análisis, la Comisión de Defensa del Consumidor realizó la primera ronda informativa. Mientras crece la deuda de los hogares con 4,8 millones de personas en mora, la oposición hace cuentas para intentar emplazar proyectos de su propia agenda.
La oposición en la Cámara de Diputados empezó a mover una agenda propia atravesada por un dato que ya no admite matices: el crecimiento sostenido del endeudamiento de los hogares. Este martes, en una reunión informativa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, se dio el primer paso para discutir una batería de proyectos que apuntan a contener una morosidad en niveles récord.
El encuentro, encabezado por Hugo Yasky, funcionó como puntapié inicial de un debate que el oficialismo pareciera estar dispuesto a dar, al menos en esta etapa informativa y por eso participó de la comisión junto a especialistas invitados.
«Es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina, el tema del endeudamiento con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales», advirtió Yasky al abrir la reunión.
El trasfondo político no es menor. Tras haber quedado cerca del número mágico en las primeras votaciones de la última sesión, los bloques opositores evalúan si están en condiciones de alcanzar los 129 necesarios para pedir una sesión especial la semana próxima. El objetivo sería emplazar una serie de proyectos de su agenda: desde la interpelación al Manuel Adorni, hasta iniciativas sobre desendeudamiento, emergencia PyME y ampliación de licencias parentales, en una lógica similar a la que permitió avanzar en 2025 con leyes como discapacidad, universidades y Garrahan.
En ese marco, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, buscó bajar tensiones con el oficialismo: «Vinimos a retomar un debate sobre un tema que ya se discutió el año pasado a título informativo. No hay intención de emitir dictamen hoy», planteó, y aclaró que hizo esa salvedad porque «parecían nerviosos por la discusión».
Radiografía del problema
Los datos que se expusieron en la comisión terminaron de darle densidad al debate. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a febrero de este año la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2%, mientras que en las no financieras trepó al 29,9%.
El fenómeno no solo crece, sino que se profundiza en un contexto de tasas elevadas en torno al 70% anual para préstamos personales bancarios que superan la inflación proyectada.
El dato más alarmante: 4,8 millones de personas tienen deudas con más de tres meses de atraso, lo que implica un salto del 45% respecto de febrero de 2024, es decir, cerca de 1,5 millones de nuevos deudores en situación crítica.
Desde el territorio, quienes trabajan con consumidores remarcaron que el problema ya impacta en decisiones cotidianas. «Estoy pagando durante 3 meses lo que me comí en una cena», ejemplificó Arturo Pozzali, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, antes de sintetizar: «Vemos que la gente tiene voluntad de pago, pero no le encuentra la capacidad».
En la misma línea, Ariadna Ciammarriello, de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, advirtió: «El consumidor tiene voluntad de pago, pero muchas veces tiene que elegir qué deuda priorizar», y cuestionó: «No se evalúa la capacidad de pago del cliente; a las entidades les interesa más colocar crédito que cuidar al usuario».
Desde el CEPA, Alejandra Fernández Scarano planteó el problema en términos estructurales: «No está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables». Y remató: «La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo».
Sobreendeudamiento: ejes de los proyectos
Los proyectos en discusión cerca de una veintena comparten un objetivo: aliviar el sobreendeudamiento. En términos generales, proponen crear programas de refinanciación con mejores condiciones, declarar la emergencia crediticia para habilitar reestructuraciones más amplias y fijar límites a las cuotas en función de los ingresos.
También aparecen iniciativas más focalizadas, como condonaciones parciales, suspensión de ejecuciones judiciales y la obligación de las entidades de ofrecer reprogramaciones. En paralelo, algunos textos buscan cambios de fondo: incorporar a los deudores de consumo a regímenes de protección y regular con mayor fuerza la oferta de crédito para prevenir nuevos ciclos de endeudamiento.
El desafío será unificar criterios y sortear el paso por comisiones clave, mientras la oposición intenta ganar volumen político para llevar el tema al recinto.