La Central Obrera presentó un documento que busca dejar sin efecto el fallo de los camaristas de la Sala VIII, a quienes acusó de “beneficiarse” con medidas del Gobierno.
La CGT avanzó con una presentación judicial para intentar frenar la implementación de la reforma laboral. El movimiento consistió en una recusación que pidió nulidad de la sentencia que restituyó la vigencia de la reforma laboral, conocida como Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La central obrera busca así revertir el fallo dictado el 23 de abril, que habilitó nuevamente la aplicación de los 83 artículos de la ley, que habían quedado suspendidos por una medida cautelar previa. La CGT considera que la intervención de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo carece de competencia funcional, lo que, según la presentación oficial, invalida todo lo actuado y coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad frente a los cambios normativos.
La CGT responde con una medida judicial al fallo laboral
El escrito de la CGT, firmado por el abogado Pablo Topet, desarrolla dos ejes centrales. Por un lado, cuestiona la imparcialidad de los magistrados intervinientes, con foco en el juez Víctor Arturo Pesino, a quien vincula con un beneficio reciente otorgado por el Poder Ejecutivo.
Un día después de la sentencia del 23 de abril, el Gobierno benefició al juez con una publicación en el Boletín Oficial que pidió que Pesino y el juez Leopoldo Rago Gallo puedan permanecer en su cargo después de pasada la edad obligatoria, 75 años. La CGT, en el pedido, argumentó que esto es sospechoso supuesta parcialidad y beneficios.
“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo con las reglas de la ley adjetiva”, dice el escrito.
Por otro lado, en el escrito la CGT remarca una supuesta contradicción con el acuerdo firmado a comienzos de 2026 para la transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires, que contemplaba limitar nuevas designaciones o prórrogas en el fuero. Desde esta perspectiva, la decisión oficial de impulsar la continuidad del juez aparece, según el gremialismo, como un movimiento que desatiende compromisos institucionales.