El régimen de compensaciones implicaba un pago parcial para cubrir los pasajes gratuitos a distintos grupos de personas. Tras la quita, el Gobierno sugirió, modificar precios, recorridos y servicios.
El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas dirigido a empresas de transporte de larga distancia. Con esta política, las compañías cubrían los pasajes gratuitos por personas con discapacidad y otros grupos a los que se extendía la normativa.
Por medio de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno dejó «sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional». La medida se dio a conocer a través del Boletín Oficial.
El regimen en cuestión contemplaba el pago parcial de los pasajes gratuitos para: personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes de cáncer.
Sin embargo, la resolución difundida aclara que «la supresión del régimen de compensaciones no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad» y que el mismo «permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas».
De esta manera, las empresas de transporte deberán continuar otorgando los boletos gratuitos, con la diferencia sustancial de que ya no recibirán la compensación del Estado por dichos pasajes.
Al mismo tiempo, la normativa señala que, tras la publicación del Decreto 883/2024, los transportistas pueden «determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios». De esta manera, el Gobierno da a entender que ante los menores ingresos las empresas pueden subir los precios o recortar y modificar el servicio.
Finalmente, la resolución indica que el régimen de compensación había sido creado en un contexto de intervención estatal en tarifas para «mitigar los desequilibrios económicos». En ese sentido, sostiene que la «causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada» y calificó como «innecesaria» la continuidad del esquema previo y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá garantizar «el efectivo cumplimiento de las obligaciones».