El gremio convocó a una movilización tras denunciar que los salarios están “en caída libre”. Advirtió con “llenar de conflictividad” a la administración pública si no se abren las paritarias de forma inmediata.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció la convocatoria a un paro nacional con movilización para el próximo 21 de abril, ante la falta de reapertura de las paritarias en la administración pública.
El dirigente sindical lanzó una dura advertencia a las autoridades nacionales al sostener que «si no hay plata, no habrá paz social», en un contexto donde, según denunció, el Gobierno continúa «destrozando los salarios» mientras la inflación se mantiene en aumento.
Aguiar describió un escenario económico crítico para los empleados del sector público, señalando que el poder adquisitivo se encuentra «en caída libre»y que el endeudamiento de los hogares alcanzó niveles totales.
«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad», sentenció el titular del gremio, quien además aseguró que los responsables de la gestión «se van a arrepentir de esa actitud miserable» de imponer un techo a los incrementos salariales.
En sus declaraciones, el referente de los estatales fue tajante respecto a la política de ajuste sobre la planta estatal al afirmar que no permitirán «ningún recorte en el Sector Público».
El malestar gremial se profundizó tras conocerse el acceso de ciertos integrantes del Ejecutivo a financiamientos bancarios de gran escala, punto sobre el cual Aguiar reclamó paridad de condiciones: «Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».
Finalmente, el dirigente gremial remarcó que «la situación no da para más» y que la medida de fuerza del 21 será la respuesta directa a la negativa oficial de recomponer los ingresos en el marco de la administración central.
El anuncio de ATE marca un nuevo pico de tensión en la relación entre el sindicalismo estatal y el programa económico del Gobierno, que enfrenta ahora la amenaza de un incremento sustancial en la protesta social.