En el oficialismo se abrazan a la excusa de la seguridad presidencial para impedir que los acreditados trabajen libremente dentro del edificio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este lunes su primera conferencia de prensa después de más de un mes de silencio.
Después de doce días de una prohibición inédita en la vida democrática del país, el Gobierno reabrió la Sala de Prensa de la Casa Rosada. La decisión de habilitar el retorno de los más de cincuenta periodistas debidamente acreditados se dio por el retorno de las conferencias de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien luego de su paso por el Congreso augura dejar atrás los más de dos meses de protagonismo mediático que afronta por la causa judicial que lo tiene como principal investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
En este marco, se espera que el exvocero vuelva a presentarse en la Sala de Conferencias del primer piso de la sede de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana, horario clásico que supieron tener los extintos encuentros diarios con la prensa que lo llevaron al estrellato durante el primer año de gestión de Javier Milei. Sin embargo, a diferencia de la última vez que el funcionario se presentó ante los acreditados en los albores del escándalo judicial, ésta vez su alocución estará 100% centrada en la gestión y no se descarta el anuncio de proyectos de ley y novedades sobre nuevas políticas. Ante la consulta de este medio, en el círculo del jefe de Gabinete advierten que, hasta el momento, no está previsto que ministros y funcionarios acompañen a Adorni en su reaparición pública, tal como lo hicieron durante su visita al parlamento.
En este sentido, en el oficialismo están convencidos de que el paso del ministro coordinador por su primer informe de gestión en Diputados servirá como torniquete para frenar la sangría de titulares sobre el favorito de Karina Milei y su patrimonio. Por eso, el jefe de Gabinete se abrazará a la estrategia judicial que tanto sus abogados como los asesores legales del Gobierno le hicieron desde el primer día: no hablar de una causa judicial en curso.
Con esto, Adorni evitará responder preguntas sobre las compras de sus tres nuevas propiedades, los viajes que realizó con su familia en los últimos dos años –abonados con dinero en efectivo y en dólares- y las últimas novedades sobre el denunciado uso indebido de la custodia oficial que habría realizado su esposa, Bettina Angeletti, situación que el diputado Rodolfo Tailhade expuso el último miércoles en el recinto. Ésta denuncia le costó al legislador una denuncia penal -todavía no presentada- por supuesto espionaje ilegal impulsada por el Gobierno y el jefe de Gabinete, quien chicaneó al oficialismo. “Por favor. Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, ‘la Primera Dama» Bettina’”, redobló a través de su cuenta de Twitter el diputado de Unión por la Patria.
Pese al anuncio del retorno de la prensa al edificio de Gobierno, la normalidad está lejos de haber vuelto a la sede del Ejecutivo. Desde hoy, el ingreso de la prensa a la Casa Rosada será diametralmente opuesto al que se utilizaba hace apenas dos semanas atrás. A partir de ahora, el periodismo accederá por la entrada de Balcarce 78, obsoleta desde hace décadas por su distancia de la entrada principal de Balcarce 24, por donde ingresan a diario trabajadores de la Casa, funcionarios e invitados especiales.
Una vez dentro del edificio, la prensa acreditada debe pasar por un riguroso operativo de seguridad que consta de un doble scanneo de las pertenencias de los acreditados, instancia nunca implementada hasta el momento. Antes de ser registrados, los periodistas deben presentar su Documento Nacional de Identidad físico ante los agentes de Casa Militar, quienes constatan la vigencia de la acreditación y luego escoltan uno a uno a la Sala de Prensa sólo a aquellos que fueron habilitados. Hace apenas dos semanas, la prensa podía ingresar a su lugar con huella digital, tal como el resto de los trabajadores de la Casa. Hasta el momento del cierre de esta nota, los datos biométricos de los acreditados siguen dados de baja, impidiendo un ingreso normal al lugar de trabajo de más de cincuenta periodistas.
Continuando con las restricciones que se amparan bajo el paraguas de la seguridad del presidente, quien pasa semanas sin asistir a la Casa Rosada dado que gusta de utilizar la Quinta presidencial de Olivos como sede de trabajo, los accesos a lugares que hasta hace poco tiempo estaban habilitados ahora están prohibidos. Desde hoy, la prensa tiene prohibida la permanencia en el Patio de las Palmeras, lugar desde donde hay vista al Salón de los Bustos que a su vez permite avistar los ingresos de ministros y todas las visitas que funcionarios con despacho dentro del edificio tengan a lo largo del día. Con esta prohibición, la prensa acreditada no podrá dar cuenta de quiénes visitan la Rosada durante las horas que la misma está activa.
A estas restricciones, además, se suman las limitaciones de circulación. Siempre con la excusa de la seguridad presidencial, la prensa no podrá caminar por los mismos pasillos que podía utilizar libremente antes de que el Gobierno decidiera arbitrariamente cerrar la Sala de Acreditados. También, fueron esmerilados vidrios de ventanas para impedir la visión de quienes circulan por ciertos espacios, al tiempo que se prohíbe la permanencia de guardias periodísticas en despachos y salones.
La decisión del Gobierno, que pese a habilitar el retorno de la prensa coarta deliberadamente el trabajo de los acreditados de la Casa Rosada, es sostenida por la denuncia que impulsó el jefe de la Casa Militar, el coronel Sebastián Ibañez, contra los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Geuna por supuesto espionaje ilegal. Casa Militar es una de las dependencias que controla la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien utiliza los mismos protocolos de seguridad que el presidente y desde su llegada a la gestión impide que la prensa la vea ingresar y salir de la Rosada montando un operativo que incluye un cerco de granaderos que impiden la visión.