A través del fideicomiso SISVIAL, alimentado con impuestos a las naftas, la gestión nacional acumuló una millonaria masa de recursos que volcó a plazos fijos y Letras del Tesoro en lugar de reparar la red vial.
La parálisis de la obra pública en la Argentina sumó un nuevo capítulo de tensión política y económica. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en su columna en De Acá en Más en Urbana Play, durante la gestión del presidente Javier Milei se subejecutó el 75,8% de los fondos destinados por ley al mantenimiento y construcción de la infraestructura vial, utilizando los recursos excedentes para realizar colocaciones financieras y sostener el superávit fiscal.
El mecanismo gira en torno al SISVIAL (Sistema Vial Integrado), un fondo fiduciario alimentado directamente por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Cada vez que un usuario carga nafta o gasoil en cualquier surtidor del país, abona esta tasa que, por normativa, tiene asignación específica: solo puede utilizarse para obras de infraestructura vial, puentes y rutas nacionales.
De la reparación de rutas a la «mesa de dinero»
De acuerdo con los datos expuestos por Alconada Mon, en los últimos dos años y medio el Gobierno nacional recaudó más de $1,5 billones a través del ICL. Sin embargo, el destino de ese dinero mostró una profunda asimetría respecto del mandato legal:
- Solo $400.000 millones (un 25%) se ejecutaron efectivamente para obras viales y mantenimiento de carreteras.
- Más de $1,1 billones permanecieron en cuentas fiduciarias o se colocaron en herramientas de inversión como plazos fijos y Letras del Tesoro (Lecaps) emitidas por el Ministerio de Economía.
Si bien la colocación transitoria de fondos para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación es una práctica administrativa habitual, el especialista remarcó que el problema surge cuando la inversión financiera deja de ser un instrumento preventivo y pasa a ser el fin primordial. Esta estrategia le permite al Palacio de Hacienda intervenir en el mercado para moldear las tasas de interés, financiar emisiones de deuda soberana y exhibir superávit a costa del deterioro del trazado vial del país.
Conflicto con las provincias y riesgo de judicialización
La falta de giros nacionales ya genera fuertes reclamos en todo el arco político. Pese a que el SISVIAL abarca primordialmente la red vial nacional, existen múltiples convenios bilaterales de cofinanciamiento entre la Nación y los estados provinciales bajo esquemas donde ambas partes aportan fondos en partes iguales.
En varios distritos —desde la Patagonia con Alberto Weretilneck hasta la provincia de Santa Fe con Maximiliano Pullaro, pasando por provincias del norte como Santiago del Estero— las administraciones locales u organismos internacionales como la CAF ya desembolsaron su parte correspondiente, mientras que la Nación congeló los aportes. Esto dejó trazas viales y obras de conectividad paralizadas a mitad de camino, generando multas e incumplimientos contractuales.
La situación comenzó a derivar en dos frentes de conflicto judicial:
- Reclamos de usuarios y entidades privadas: Presentaciones en juzgados federales de distintas provincias promovidas por sociedades rurales, cámaras empresarias y asociaciones de consumidores.
- Litigios entre Provincias y Nación: Demandas cruzadas que escalan directamente a la Corte Suprema de Justicia, la instancia originaria para dirimir controversias entre jurisdicciones.
Una «chequera» de alto impacto político
El manejo del SISVIAL le otorga a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía una caja discrecional de $1,1 billones para negociar caso por caso con los mandatarios provinciales. En la práctica, el Ejecutivo nacional retiene tres de cada cuatro pesos recaudados por el tributo vial, conservando una herramienta de presión para condicionar respaldos legislativos o incentivar a que las provincias asuman el costo y traspaso de las rutas nacionales.
Con el precio de los combustibles aumentando por encima del índice general de inflación, la recaudación del ICL continúa en ascenso. Sin embargo, el estado de las carreteras argentinas sigue deteriorándose, transformando una tasa vial de afectación específica en un recurso financiero clave para el esquema macroeconómico del Gobierno.